Report for America corps member
Mission Local
April 18, 2023
SAN FRANCISCO, CA — Jana Beldelcy Valiente pasa los miércoles como voluntaria en un banco de alimentos comunitario, y tiene mucho en común con los residentes que llevan carritos a los que reparte leche o huevos: Es indocumentada, no tiene trabajo ni seguro médico.
“¿Y si tengo una urgencia y necesito medicinas, pero cuestan demasiado?”. dijo en español esta guatemalteca de 58 años.
Los californianos sin seguro como Valiente pueden encontrarse rápidamente en esta situación, decidiendo si su salud o sus ahorros deben soportar el golpe.
La última ampliación de Medi-Cal podría resolver este problema. A principios del próximo año, la cobertura de seguridad se abrirá a unos 700.000 inmigrantes indocumentados de entre 26 y 49 años en California. Ahora, la cuestión es cómo convencer a todos para que se inscriban.
La problema más complicado es conseguir que los residentes confíen en un recurso gubernamental, en medio de la desinformación y la preocupación por la deportación.
“Asegurarse de que la gente sepa: ‘oye, soy elegible para la expansión de Medicaid’, es esencial”, dijo la doctora Carina Márquez, profesora de medicina de la Universidad de California en San Francisco.
La mayoría de las agencias estatales y locales se centran en la barrera lingüística, ofreciendo traducciones que son a veces dudosas. Incluso cuando las traducciones son exactas, quedan más obstáculos: difundir la información, hacer frente al miedo a la deportación y dar sentido a un proceso complicado.
Tomemos el caso de Beldelcy Valiente. La voluntaria del banco de alimentos quiere prestaciones sanitarias. Sabe lo que es Medi-Cal, entiende lo que ofrece, puede acceder a información en su idioma e incluso conoce organizaciones sin ánimo de lucro que pueden inscribir a clientes. Pero, ¿sabía que llevaba meses cumpliendo los requisitos?
Sus ojos grandes y cálidos se abrieron de par en par. No, dijo con la boca abierta.
Aunque la solicitud esté en el idioma preferido del cliente, entender el complicado proceso puede ser difícil
Los inmigrantes indocumentados que cobran en efectivo a menudo asumen que serán descalificados cuando vean un documento de prueba de ingresos, dijo Jaime Aragón, gerente de proyectos especiales de la organización sin fines de lucro Good Samaritan Family Resource Center.
“Es un gran factor disuasorio”, afirma Aragón. En realidad, los solicitantes pueden declarar sus ingresos, pero no lo saben a menos que alguien se lo diga.
Ése es el fallo de traducir simplemente las instrucciones o la información del programa; hay muchas cosas que quedan sin respuesta. Diane Jones, una antigua enfermera especializada en VIH que trabajó en primera línea de la pandemia entre la población latina, argumentó que un enfoque similar al de un “guia de casos” era esencial para que los pacientes con VIH recibieran una atención que les salvara la vida y que podría servir como posible modelo para la inscripción en Medi-Cal.
“Eso es lo que necesitamos para los indocumentados. Tienen que ser guiados, navegados, todo el camino hasta que llegan a la clínica”, dijo Jones.
Las promotoras, trabajadoras sociales y sanitarias hispanohablantes, recorren la comunidad y llaman a las puertas, hablan con los residentes y están atentas a las preguntas más frecuentes o a los rumores.
Las promotoras preguntan primero a los clientes qué saben de un programa. Aragón dice: “Es empezar el diálogo… y profundizar en esos miedos”.
Las preocupaciones comunes dentro de la comunidad indocumentada incluyen cómo registrarse en los programas de ayuda del gobierno afecta los pagos de pensión alimenticia, si los hijos de los firmantes pueden ser reclutados en el ejército estadounidense y si tendrían que devolverle el dinero al gobierno después de tomar el dinero. Actualmente, todas estas son preocupaciones infundadas.
Sin embargo, en 2019, algunos de esos temores se hicieron realidad. La administración del presidente Donald Trump cambió la definición de la llamada regla de “carga pública”, que impide que los inmigrantes que acceden a ciertos servicios públicos obtengan un estatus legal. Añadió Medicaid, cupones de alimentos y vales de vivienda a esa lista de servicios.
Un año después del anuncio de la carga pública, el número de indocumentados de Lantinx apuntados a estos servicios se redujo casi a la mitad. A finales del año pasado, Biden revocó la enmienda de carga pública de 2019. Los inmigrantes no serán castigados por inscribirse en Medi-Cal, cupones de alimentos o programas de vales de vivienda.
Pero ese cambio en 2019, así como las amenazas de Trump de que los indocumentados debían ser excluidos del Censo de Estados Unidos de 2020 -que nunca ocurrió-, sigue fijado en la memoria de muchos que están “desempaquetando” el miedo años después. “Se perpetuó mucho miedo”, dijo Aragón. “Pero estaba fundado, ¿no?”.
Igualmente importante para generar confianza es disponer de la información adecuada. Aunque muchos de los socios sin ánimo de lucro tienen conocimientos sobre Medi-Cal, los cambios repentinos del programa desde arriba no siempre se comunican sobre el terreno.
Por ejemplo, dos trabajadores sociales que inscriben a inmigrantes en Medi-Cal a principios de 2023 no sabían nada del nuevo cambio de expansión del gobernador Gavin Newsom para los que tengan entre 26 y 49 años el año que viene, a pesar de que desbloquea el seguro médico para cientos de miles de californianos. El personal de las organizaciones supuestamente involucradas en la inscripción dijeron que no sabían nada al respecto.
Cuando Mission Local telefoneó a un representante de asuntos públicos del Estado sobre la ampliación de Medi-Cal para inmigrantes indocumentados, éste respondió: “¿Quiere decir para CalFresh?”.
La precisión de los datos es esencial en temas tan precisos como la ciencia o la salud.
“Puedo ser el mejor navegador, pero si doy información incorrecta a mi cliente, no debería confiar en mí”, dijo Jones. “No merezco estar ahí. Es totalmente perjudicial”.
Durante la pandemia en San Francisco, se formó una estrecha y temprana alianza entre los líderes comunitarios del Latino Task Force y los investigadores y médicos de la UCSF. Cuando comenzó la crisis sanitaria mundial, había más inmigrantes que nunca sin asistencia sanitaria, y fue la población inmigrante la que se convirtió en la zona cero de las infecciones por covirus.
Jones, junto con Márquez, trabaja con la alianza Unidos en Salud, que atiende sobre todo a inmigrantes latinos. Jones dijo que el 50 por ciento de sus clientes no tienen seguro de salud, y alrededor del 60 por ciento no tienen acceso a un médico de atención primaria, lo que sugiere temores similares o barreras de acceso. Por alguna razón, el 10 por ciento tiene seguro, pero no tiene médico.
Pero durante los últimos tres años, los médicos de la UCSF se han esforzado por generar y mantener la confianza trabajando mano a mano con la comunidad. Incluso hoy en día, los resultados de las investigaciones que se realizan en el centro local de pruebas y vacunación, situado en un solar vacío al lado de un McDonald’s, se comunican primero a la comunidad. Los médicos explican las últimas novedades en materia de salud pública durante las charlas de “cafecito” que se celebran en la esquina para los residentes en español.
Mantener esa confianza requiere movimientos cuidadosos. Jones dice que desde el principio se comprendió que algunas preguntas serían una táctica infalible para ahuyentar a los clientes, a pesar de sus problemas de salud. “Queríamos una barrera baja, lo más bajo de lo bajo”, dijo Jones. “No preguntamos por el tema de la inmigración”.
Pero ése es un error que cometen incluso los funcionarios bienintencionados o los grandes sistemas sanitarios. “La forma en que la HSA lanza las preguntas a los clientes puede en realidad ya ahuyentar al cliente”, dijo Lin.
Las interacciones con la HSA “no siempre son positivas”, afirma Aragón. Ha oído que el personal “ladra”, habla con los clientes en un “tono monótono, sin preocuparse realmente”, o les envía a una búsqueda inútil de documentos.
Beatriz Flórez Huertas, inmigrante colombiana y traductora formada en la ciudad, que trabaja en la Agencia de Servicios Humanos y anteriormente estuvo destinada en el Centro de Operaciones de Emergencia durante la pandemia, lo entiende bien: “Acercarme a la policía para pedir ayuda o si tengo preguntas, por ejemplo, a veces puede hacerme sentir miedo aunque trabaje para el gobierno”.
Las organizaciones sin fines de lucro Mission Economic Development Agency, Self-Help for the Elderly, Good Samaritan Family Resource Center y Wu Yee Children’s Services liderarán la iniciativa, a través de un contrato municipal de $500,000 al año que durará de 2022 a 2025. Los grupos celebran grupos de discusión para elaborar mejor los materiales de divulgación y desplegar promotoras.
Los trabajadores esperan pacientemente. Crystal Huang, coordinadora de programas en el Chinese Newcomers Service Center, dice que algunos de sus clientes le piden que hable por teléfono durante horas con sus hijos bilingües para facilitar la comunicación, o que llame a HSA para demostrar que no les está engañando. Cuando un cliente finge que un “amigo” necesita ayuda para inscribirse en Medi-Cal, ella le sigue la corriente.
Lin se anticipa y empieza la conversación a la defensiva. “Tengo que decirles que no tengo ninguna relación con la agencia gubernamental. Que no soy del FBI”.
Incluso con las estrategias adecuadas, generar confianza lleva tiempo, y los mejor posicionados para ganársela en San Francisco ya habían empezado hace años.
Gracias a estas ampliaciones, desde enero de 2023, el estado y sus socios han inscrito a unos 124.623 adultos indocumentados de 26 años o menos en Medi-Cal, así como a unos 333.028 de 50 años o más, según un comunicado del Departamento de Servicios de Salud de California.
Yujie Zou, corps member de Report for America, contribuyó a este artículo.
Este artículo forma parte de “Más que Palabras” una iniciativa de Report for America en la que redacciones que cubren las comunidades latinas en ocho estados unieron fuerzas para analizar el impacto de las barreras de lenguaje en el avance social, económico y educativo de los latinos y los esfuerzos a nivel local por cerrar esta brecha.